Remitente: Michel Roberto de Souza (Derechos Digitales).

Grupo de interés: Organización sin fines de lucro.

Idioma: Español.

¿Cuál es su percepción sobre el Deterioro del Debate Público en las Américas? ¿Qué desafíos cree que son específicos para el fortalecimiento de las democracias en el entorno digital en nuestra región?

América Latina tiene una historia de gran desigualdad, discriminación, pobreza, con histórico de políticas autoritarias (https://aquimandoyo.dromomanos.com/) y graves violaciones a los derechos humanos. Esto también se refleja en los problemas encontrados en el deterioro del debate público. Las desigualdades estructurales se ven reforzadas por las más diferentes tecnologías de la región. Faltan leyes de protección de datos, una acción más enfática por parte de los órganos de control y agencias reguladoras, y faltan políticas públicas para combatir la desinformación.

La región es rehén de un modelo de internet restringido, principalmente internet móvil, y cuenta con la inexplicable permisividad del Estado con la tasa cero (zero rating). Existe todo un marco normativo e institucional que favorece el deterioro del debate público y desconoce las desigualdades estructurales existentes. Datos de investigaciones más recientes en Brasil, por ejemplo, muestran que el 39% de los usuarios de las clases C, D y E declararon que ya no acceden a las políticas públicas, el 33% ya no accede a los servicios públicos y el 28% tiene dificultades para acceder a los beneficios sociales. (Idec e Instituto Locomotiva, 2021, https://idec.org.br/sites/default/files/pesquisa_locomotiva_relatorio.pdf ). Además, las restricciones al acceso a Internet también afectan la difusión de desinformación. La mayoría de los encuestados por Idec y Locomotiva, 56%, afirman haber recibido noticias falsas y casi la mitad, 49%, enlaces maliciosos, revela la encuesta. Como solo tienen acceso a Internet a través de estos paquetes de datos limitados, esta población no puede buscar la veracidad de la información recibida en periódicos, sitios web y vehículos de medios que utilizan datos de franquicias.

Poco se ha hecho en la región para identificar el origen de la desinformación y evaluar el fenómeno a la luz de obligaciones específicas de determinado sector, resultando en la ausencia de rendición de cuentas de los servidores públicos por la propagación de mentiras (Informe CELE – https://www.alsur.lat/en/report/are-public-officials-lies-unsustainable-or-do-they-have-far-reaching-effects).

No existe consenso en la región sobre normas adecuadas para el tratamiento de los intermediarios, lo que genera gran preocupación para la defensa del derecho a la libertad de expresión. A falta de un marco legal específico, la jurisprudencia se inclina por la responsabilidad civil bajo principios generales, que pueden afectar directamente y conducir a la censura. (Al Sur, Mirando Al Sur – https://www.alsur.lat/sites/default/files/2021-06/Responsabilidad%20de%20intermediarios%20EN.pdf).

¿Qué similitudes o diferencias existe entre el Deterioro del Debate Público en las Américas  y a nivel global,  a raíz del impacto de internet?

Primero, entendemos que existen importantes diferencias regulatorias e institucionales. Si bien Europa tiene un Reglamento general de protección de datos (GDPR), los países latinoamericanos están comenzando a aprobar este tipo de leyes, con diferentes institucionalidades, por ejemplo, lo que ocurre en Brasil, Chile, Argentina y Ecuador.

En segundo lugar, tenemos una diferencia en la aplicación de las leyes antimonopolio y de neutralidad de la red, con las autoridades europeas y estadounidenses actuando con más fuerza en los mercados digitales, contra la concentración exacerbada de grandes empresas tecnológicas y grandes plataformas, y decidiendo casos sobre la prohibición de tasa cero (zero rating).

En tercer lugar, existen diferencias en los contextos de abuso de derechos humanos, especialmente por parte de los Estados, como ha sido constantemente informado por RELE y la CIDH en sus intervenciones. Solo para tener un ejemplo más actualizado, las últimas posiciones publicadas por RELE y por la CIDH relacionadas con el contexto de protestas, atribución de delitos y recortes deliberados al servicio de internet, como se expresa en el caso de Cuba (https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/317.asp), denuncias sobre el uso de software para espiar a periodistas y personas públicas en México (https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1218) y riesgos sobre reformas legales apresuradas, sin la debida discusión con expertos y sociedad civil, como en el reciente caso de Brasil (https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp??lID=4&artID=1210) y reformas regulatorias en telecomunicaciones y ciberseguridad, en Cuba (https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/pt/cidh/prensa/notas/2021/249.asp).

¿Cuáles cree que deberían ser los desafíos prioritarios para el fortalecimiento del Debate Público en las Américas?

Los desafíos están relacionados con al papel que debe desempeñar los Estados y como tener una regulación que sea capaz de asegurar que las empresas no violen los derechos humanos.

Los temas de estos desafíos son: la defensa de la privacidad de la ciudadanía, la lucha contra la desinformación, preferentemente, creando foros multisectoriales para atender los problemas, escuchando y no criminalizando los conocimientos técnicos; garantías de información fidedigna, especialmente sobre asuntos sensibles como la salud pública, los beneficios estatales, o la participación política; asegurar un ecosistema informativo en que puedan desarrollarse con libertad agencias de fact-checking, periodismo independiente, entre otros; facilitación de canales de consulta directa y actuar en contra la desinformación que proviene desde el propio Estado, es decir, sus órganos, funcionarios y funcionarios del gobierno (https://bit.ly/3HapZP7); y garantías de libertad de expresión en contextos de protesta, sin acoso en línea; además de evaluar la interferencia de los mecanismos de inteligencia artificial, refiriéndose no solo a su uso en la moderación de contenidos, sino también en un sentido más amplio, con, por ejemplo, el uso por parte del Estado de herramientas con inteligencia artificial para realizar reconocimientos faciales o biométricos, como ya lo expresó Derechos Digitales en una audiencia en la CIDH (https://www.derechosdigitales.org/16932/derechos-digitales-participa-de-la-en-la-cidh-en-la-sesion-uso-de-tecnologias-de-vigilancia-y-su-impacto-en-la-libertad-de-expresion-en-pandemia/) e incluso en casos de cruce de datos de redes sociales, como se vio en el caso de la aplicación Clearview AI en los Estados Unidos de América (https://www.technologyreview.com/2021/04/09/1022240/clearview-ai-nypd-emails/). 

¿Conoce alguna iniciativa, práctica o proyecto para el fortalecimiento del Debate Público fuera de las Américas que pueda ser útil para nuestra región? ¿Cree que podríamos adoptar estas  iniciativas o proyectos?

En 2020, Derechos Digitales publicó el informe “Éxitos regulatorios en materia de libertad de expresión e internet en Latinoamérica”, analizando el desarrollo de la Región en temas como: delitos contra el honor y el honor; propiedad intelectual y derechos de autor; responsabilidad de los intermediarios; derecho al olvido; neutralidad de la red; discurso de odio e incitación a la violencia; y otros formas directas o indirectas de censura (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/tendencias-regulacion-digitales.pdf).

En el contexto de la publicación sobre responsabilidad de los intermediarios, Al Sur publicó el informe “Mirando Al Sur – Construyendo Nuevos Consensos Regionales sobre Responsabilidad Intermediaria y Moderación de Contenidos en Internet”, que brinda un importante análisis de decisión comparativa y propuestas de autorregulación y corregulación (Al Sur – Mirando a Al Sur, https://www.alsur.lat/sites/default/files/2021-06/Responsabilidad%20de%20intermediarios%20ES.pdf).

Nos parece que cualquier iniciativa o proyecto para fortalecer el debate público debe ser construido y pavimentado con los distintos actores del sistema, incluyendo la verificación de temas relacionados con la infraestructura, el acceso a la electricidad e internet, reducción de desigualdades, así como otros temas relacionados con el papel del Estado en contextos electorales y de protesta.
Es necesario dar voz y escuchar, especialmente a quienes serán afectados por las medidas, poblaciones históricamente vulnerables y las distintas organizaciones de la sociedad civil que aportan diferentes perspectivas al debate.