Remitente: Derechos Digitales (respuesta elaborada por Juan Carlos Lara, Mayra Osorio y Michel Roberto de Souza)
Grupo de interés: Organización sin fines de lucro
Idioma: Español
¿Cuál cree que es, actualmente, el rol del Estado ante el Deterioro del Debate Público? ¿Cuál debería ser el rol del Estado ante el Deterioro del Debate Público?
El Estado ha jugado varios roles:
(i) Estado vigilante, uso de ciberpatrullaje, monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial indiscriminado (https://bit.ly/3kphGoR), uso de programas maliciosos con fines de vigilancia (https://bit.ly/30aZd8N) entre otras prácticas de vigilancia masiva, que tienen un efecto paralizador y plantean graves riesgos para los derechos humanos (https://bit.ly/3klPfYQ), con poca o ninguna transparencia, alto grado de opacidad.
Esa conducta no transparente de vigilancia implica un condicionamiento del debate público en las personas: se asume la presencia o el seguimiento estatal al debate, incidiendo negativamente en la capacidad libre de expresarse de las personas;
(ii) un papel de control de voces disidentes en el debate público, a menudo bajo la excusa de la lucha contra la desinformación (https://bit.ly/3C4VHJJ) o contra la violencia o el odio en línea (https://bit.ly/3F5Chq5), para silenciar voces críticas, incluso hasta el punto de bloquear o interrumpir el acceso a las plataformas de redes sociales en contextos de manifestación social y política (https://bit.ly/30dDgpa);
(iii) de omisión sistemática en temas importantes para la defensa de los derechos humanos, muchas veces coludido con la vulneración de derechos por parte de grandes conglomerados y empresas privadas, especialmente, en lo que se refiere a nuevas formas de discriminación, ya sea por decisiones automatizadas u otras herramientas de control que se llevan a cabo sin la debida diligencia, careciendo de de mecanismos de protección de datos personales (leyes e instituciones independientes), enfatizando que esta ausencia facilita el mal uso de datos personales para diversos fines ilegales, incluso en relación con la publicidad electoral dirigida ilegalmente, por ejemplo (https://bit.ly/3C7YP7E, p. 29) y cuanto a las acciones de vigilancia biométrica por parte del sector privado, por ejemplo, el reconocimiento facial utilizado por las empresas (https://bit.ly/3C45m3n), y sobre los mecanismos efectivos para garantizar la neutralidad de la red, sin permitir prácticas de precio cero, que terminan fomentando la desinformación en la medida en que impiden el pleno acceso a internet;
(iv) incapaz de atender temas relacionados con los medios digitales, ya sea por la falta de comprensión de cómo se dan las dinámicas y el diálogo en los medios digitales, por el retraso en la reacción para prohibir prácticas abusivas, o incluso por herramientas de prevención que aseguren el anonimato, como el cifrado, que es fundamental para garantizar la protección de la comunicación de ciudadanos, defensores de derechos humanos y periodistas (https://bit.ly/3qpoWos).
El rol del Estado ante el Deterioro del Debate Público debe estar guiado por la defensa de los derechos humanos, la defensa de la privacidad de la ciudadanía, la lucha contra la desinformación, preferentemente, creando foros multisectoriales para atender los problemas, escuchando y no criminalizando los conocimientos técnicos.
El Estado debe entregar información fidedigna, especialmente sobre asuntos sensibles como la salud pública, los beneficios estatales, o la participación política; asegurar un ecosistema informativo en que puedan desarrollarse con libertad agencias de fact-checking, periodismo independiente, entre otros; facilitar canales de consulta directa y actuar en contra la desinformación que proviene desde el propio Estado, es decir, sus órganos, funcionarios y funcionarios del gobierno (https://bit.ly/3HapZP7).
¿Cuál cree que es, actualmente, el rol del sector privado ante el Deterioro del Debate Público? ¿Cuál debería ser el rol del sector privado ante el Deterioro del Debate Público?
El sector privado ha estado más presente en el debate público en los últimos años y ha jugado roles muy diferentes. En primer lugar, está el sector privado en el papel de «arena» para el debate público, a través de la facilitación de plataformas tecnológicas donde se produce buena parte del debate público en que luego concentran su atención funcionarios estatales y figuras públicas. Esto ha facilitado la concentración del poder económico en unas pocas empresas gigantes de tecnología, que actúan de forma transnacional y que debido a su tamaño y alcance pueden incluso cambiar el rumbo del debate público, dependiendo de las medidas y acciones que adopten, fijando las reglas bajo las cuales se rige ese debate.
Estas empresas concentran el mercado de la publicidad online, principalmente, utilizando una enorme variedad de datos de ciudadanos y consumidores para vender publicidad y aumentar sus ingresos. Esto nos lleva a otro papel importante que juega el sector privado, que es el de vigilancia, violando la privacidad y los datos personales de los ciudadanos: ya sea con fines publicitarios, para influir en el debate político, o incluso con fines de vigilancia masiva; por ejemplo, en el caso de la biometría, en el que el sector privado juega el papel de infractor de derechos, pues tiene un papel importante en el ámbito de la seguridad pública o en el ámbito del desempeño de las actividades del sector privado.
También está el sector privado en el papel de infractor del principio de la neutralidad de la red (zero rating), lo que dificulta el acceso a información de calidad (ver www.zerorating.info). De esta forma, el sector privado dificulta el acceso a distintas fuentes de información, así como también el chequeo de las noticias que circulan en las redes privadas (incluida la mensajería), considerando que solo algunas aplicaciones estarían a «costo cero» (zero rating) para el consumidor.
Tomando en cuenta las grandes desigualdades sociales en la región, además de la forma en que generalmente prevalece el acceso a internet a través del teléfono celular y el acceso prepago, las ofertas de zero rating también configuran la forma en que el usuario accede a la información, restringiendo sus posibilidades de contraste entre fuentes, contestación de hechos o narrativas, o diversidad de puntos de vista.
Asimismo, encontramos al sector privado en el rol de facilitador, orquestador, promotor y multiplicador de desinformación; en esta función, el sector privado es relevante para difundir desinformación, ya sea durante los períodos electorales o para otros fines distintos al de la propia empresa, permitiendo replicar o amplificar información falsa, parcial o sesgada.
A modo de ejemplo, el disparo masivo que tuvo lugar en las elecciones brasileñas, como ya juzgó el Tribunal Superior Electoral de Brasil (https://bit.ly/3c1C2ju), que a pesar de no cancelar la lista presidencial ganadora debido a la falta de evidencia de la gravedad de la situación, encontró que efectivamente hubo distribución masiva de mensajes a través de empresas, realizada de manera totalmente ilegal en las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil, como también se describe en el libro de la periodista Patricia Campos Mello, “La máquina del odio: notas de un periodista sobre fake news y violencia digital”. Hay evidencia de que existen sitios y empresas que ofrecen difusión masiva de mensajes, incluso con fines políticos, sin transparencia y sin información sobre las bases de datos utilizadas.
¿Cuál cree que es, actualmente, el rol de las y los usuarios de internet ante el Deterioro del Debate Público? ¿Cuál debería ser el rol de los usuarios ante el Deterioro del Debate Público?
Los usuarios son vulnerables en la relación entre grandes plataformas, muchas veces con poca información sobre cómo funcionan estas plataformas, sin acceso a información básica sobre cómo se desarrollan los algoritmos e influyen en el contenido que reciben, sin información por parte de grandes plataformas sobre transparencia y debido al proceso (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/tenemos-que-hablar.pdf). Sin embargo, existen varios tipos de usuarios.
Aquí nos centraremos en dos de ellos, uno es spam y bots que distorsionan o interrumpen una discusión pública, usuarios activistas y defensores de derechos humanos y usuarios de grupos minoritarios. En el caso del spam o comunicaciones electrónicas no solicitadas, los daños generado son diversos, tal como lo menciona Internet Society el correo no deseado genera una falta de confianza a los usuarios de internet debido al riesgo de acceder a spam que contenga malware o estafas.
Por otra parte, el spam promueve un problema de infraestructura de la red, pues consume una gran cantidad de recursos que limita la efectividad de internet, aún más en países que tienen poco acceso a internet y banda ancha limitada. Finalmente, Internet Society segura que el spam puede provocar que las computadoras se infecten con software malicioso que llega, incluso, a robar información personal (https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOC-PolicyBrief-Spam-20151030-es_1.pdf). Estos usuarios pueden impactar negativamente el debate público, ya que disminuyen la confianza de otras usuarias en la red y pueden ser un medio para hacer llegar malware o software que tenga como objetivo la vigilancia por parte del Estado a personas periodistas o defensoras de derechos.
Por otra parte, los bots han sido una estrategia que los gobiernos han utilizado para mermar el discurso público a través de la creación de cuentas falsas en redes sociales, dichos bots sirven como una herramienta para:
1) alterar la opinión pública a través de las amenazas mediante redes sociales a personas periodistas, defensoras o aquéllas que promuevan una ideología distinta a los grupos de poder,
2) para promover discursos políticos en contextos electorales, por ejemplo, «de acuerdo con un estudio realizado por Alessandro Bessi y Emilio Ferrara, los bots fueron responsables de una quinta parte de los tuits relacionados con las elecciones presidenciales norteamericanas en 2016 (CELE, 2017, p.20)» (https://www.palermo.edu/cele/pdf/FakeNews.pdf); y
3) para la difusión de desinformación. Todo ello, tiene un impacto directo en el deterioro del debate público, ya que posiciona temas políticos en la agenda pública, fomenta la violencia en los medios digitales y limita la libertad de expresión. Aquí el problema no es el hecho de que sea un bot o una cuenta automatizada, sino que lo importante es que se utilice la tecnología para incrementar la cantidad de participación y envío de mensajes, pero muchas veces se confunde al público del debate, sin declarar que la cuenta no se refiere a una persona individual o no es necesariamente administrada por una sola persona.
¿Quiénes considera usted que son las personas, grupos de personas, o instituciones más vulnerables ante el Deterioro del Debate Público? ¿Por qué considera que los actores mencionados en la pregunta anterior son los más vulnerables?
Sin pretender ser exhaustivos, citamos las personas más vulnerables son mujeres y niñas, minorías étnico-raciales y pueblos originarios e indígenas, personas en situación de pobreza o marginalidad socioeconómica, personas y comunidades LGBTTTIQ+, periodistas, niños y adolescentes, activistas y instituciones de defensores de derechos humanos, personas de edad avanzada y personas con discapacidad.
¿Cómo afecta el Deterioro del Debate Público particularmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como población LGBTI, pueblos indígenas, mujeres, personas afrodescendientes y personas con discapacidad?
Sin pretender ser exhaustivo, citando algunos ejemplos de afectación de las personas más vulnerables:
– minorías étnico-raciales y pueblos originarios (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/tendencias-regulacion-digitales-eng.pdf, https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/08/fake-news-e-desinformacao-levam-indigenas-a-recusarem-vacina.shtml y https://www.filac.org/caos-na-pandemia-indigenas-viram-alvo-de-fake-news-antivacina/),
– población LGBTTTIQ+ (https://www.derechosdigitales.org/16212/vivir-internet-siendo-queer-autoexpresion-comunidad-problematicas/),
– periodistas (https://luchadoras.mx/internetfeminista/2021/08/17/violencia-digital-contra-las-periodistas-agresiones-que-impactan-a-todes/ y https://www.redperiodistasgenero.org/comunicado-de-prensa/),
– niños y adolescentes (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/privacidad-nin%CC%83os-nin%CC%83as-adolescentes.pdf),
– activistas y defensores de derechos humanos (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/glimpse-2019.pdf, p. 27),
– personas de edad avanzada (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau4586),
– y personas con discapacidad (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45491/S2000300_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46600/S2000791_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y (pp. 26-30)